Dosis personal, proyecto de ley poco escandaloso y con poco reconocimiento

Por: Doris Monterrosa G.

A menos de dos debates para definir el proyecto de ley que pretende penalizar la dosis personal, este tema pasa desapercibido para los colombianos que, por falta de interés o falta de información, dejan pasar esta discusión como si no fuera un tema que nos involucra a todos como ciudadanos.




Aunque es un tema de interés público, hace falta que se le de la relevancia necesaria a la discusión sobre la penalización de la dosis personal. Ocho años después de que la Corte Constitucional falló a favor de la despenalización de la droga, el debate vuelve a surgir. Todo porque en marzo de este año, el presidente Álvaro Uribe Vélez presentó al congreso un proyecto de ley que busca la penalización de la dosis mínima.

El propósito del gobierno es sancionar a los que infrinjan la norma mediante tratamientos de rehabilitación entendiendo esta sanción como una “sanción social”. Otra medida pretende rehabilitar a los consumidores con acciones pedagógicas, preventivas o terapéuticas, aunque sin tener muy clara la fuente de financiación, ya que cualquier medida así aumentaría considerablemente el gasto público. El proyecto de ley busca también eliminar el narco turismo, un hibrido paquete turístico que se ofrece a los extranjeros y que con seguridad no se va a resolver con la penalización de la dosis mínina. Finalmente, se quiere arrestar a los expendedores, y reducir el número de adictos. Estos últimos dos argumentos son absurdos.

El primero es un argumento contradictorio. Incluso desde que se permitió el porte de la dosis personal los expendedores no han sido arrestados. Además se ha demostrado, como lo investigó La Silla Vacía, que existe una especie de acuerdo entre las autoridades públicas -encargadas de controlar esta actividad- y los expendedores, a cambio de una comisión por las ventas. Y no solo eso. Actualmente las condiciones carcelarias del país son lamentables. Las condiciones de hacinamiento, según la Defensoría del Pueblo, han venido en aumento desde el 2004 en un 40%.

Según el presidente Álvaro Uribe Vélez, “la lucha del gobierno contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico es incoherente con la permisividad al consumo de drogas. Si avanzamos en el equilibrio ético de sancionar la dosis personal de droga, frenamos el crecimiento de adictos y el crecimiento de consumidores”. Pero existen varios estudios como El reporte del 2008 del Observatorio de Droga y Toxicomanía de la Unión Europea en los que se demuestra que la penalización de la dosis mínima en nada reduce el número de consumidores. Además con la legalización es posible tener un seguimiento de los consumidores. Al respecto, dice Carlos Gaviria: “castigar, además de no ser una solución eficaz, sería un retroceso cuando la tendencia mundial es a cambiar la sanción por la prevención”.

La postura que ha manejado el gobierno ha sido muy fuerte frente al tema. El actual Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, argumenta que la despenalización atenta contra las políticas antidrogas del país y la seguridad democrática. “Las grandes estructuras terroristas que se financian con esta actividad ilícita han sido sistemáticamente derrotadas. Nuestro país no volverá a vivir el régimen del terror de otros años cuando fue víctima de bombas, toma a poblaciones y asesinatos de sus principales líderes políticos, perpetrados por los grandes carteles de las drogas y las guerrillas narcotraficantes, que buscaron sin éxito imponer sus condiciones y someter a la nación entera” dice.

El gobierno ha insistido en la necesidad de crear sanciones para el consumo de dosis mínima al señalarlo como una causante de la criminalidad del país, el narco turismo y la corrupción a la niñez. Su preocupación es que finalmente se llegue a una legalización total de la droga, tema que contradice las políticas implementadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Pero el ex Magistrado Carlos Gaviria, ponente de la sentencia que despenalizó la dosis mínima, piensa distinto. En su concepto, “no se puede penalizar a quienes simplemente consumen estupefacientes, porque con su conducta no perjudican a persona diferente a ellos mismos”. Se está violando el derecho al libre albedrío debido a una estigmatización creada por el gobierno. Un estigma de “inmoralidad” de los consumidores. Se busca complacer sectores conservadores a quienes el tema solo les compete en la parte ético/moral sin ver el trasfondo que verdaderamente comporta.

Este es un debate que aun no termina. Las partes interesadas deben procurar llamar la atención sobre este debate, ya que la opinión pública poco sabe y poco habla del tema, y es necesario que este tipo debates se hagan públicos, ya que son de interés nacional e involucran todos los ciudadanos.

Por otro lado, es importante que nos preguntemos en qué país queremos vivir y qué es lo que realmente queremos hacer con La Constitución, ley de leyes, de donde las demás se derivan. Hay que preguntarnos también quiénes son nuestros legisladores que velan por nuestros derechos. Tenemos que ser conscientes de nuestros deberes como ciudadanos, y sobretodo ser más participativos y activos frente a temas como la dosis personal, el cambio de legislación y lo que esto implica.